Para el gobierno de Rafael Correa la definición más clara de cómo entiende la economía es bajo el concepto de: "ciencia de los incentivos". La ultima reforma tributaria lo devela en gran forma. Sin embargo, el proyecto de ley también evidencia que el gobierno ignora que Ecuador está inmerso en el mundo y que sus políticas deben también acoplarse al contexto que lo rodea para que sean costo eficientes.
En este cuerpo legal se da paso, nuevamente, a un aumento en los impuestos a ciertos bienes que pueden considerarse como nocivos para la salud: cigarillos, alcohol y bebidas azucaradas. Conceptualmente es adecuado gravar en mayor magnitud los productos que puedan generar externalidades negativas, lo que se conoce como impuestos piguevianos. Por ejemplo: en el caso del cigarrillo, este se asocia con enfermedades de índole respiratoria, para los fumadores pero también para los fumadores pasivos.
Adicionalmente, en un país en donde la salud es pública, entiéndase es financiada con impuestos, los hábitos no saludables de terceros le cuestan a todos, por ende es eficiente que exista un impuesto al consumo de cigarillos. Este en parte mitiga su consumo, lo que reduce la probabilidad de que fumadores y fumadores pasivos se enfermen, lo cual a largo plazo le cuesta menos a la sociedad. Pero también por otra parte, grava en mayor magnitud a aquel sujeto que actúa como un polizón en el sentido económico, al considerar que sus malos hábitos de salud le cuestan a terceros sin que este pague por estos en la proporción necesaria, por lo cual es lógico que exista un mecanismo para que tribute en mayor cuantía.
En términos prácticos, el mensaje que el gobierno quiere dar es: ciudadano seria bueno que usted no fume tanto pero si quiere puede fumar, fume todo lo que quiera, pero dado a que aquello provocará que en el futuro usted se enferme y que a todos aquello nos cueste mayores recursos fiscales, porque la salud es publica, entonces lo justo es que su persona contribuya mas al fisco y pague 15 ctvs por cada cigarrillo que consuma. El monto del impuesto es muy similar al de 13 ctvs que ya existía, siendo que en este sentido no genera un menor consumo o una muy grande recaudación a la que ya se tenía.
Como ya se mencionó, conceptualmente los impuestos a estos bienes nocivos para la salud son acertados. Sin embargo, el gobierno parece ignorar que esta política no va acorde al contexto que le rodea, siendo que en Colombia y Perú el costo de las bebidas alcohólicas y los cigarrillos, antes de esta reforma, pueden llegar a la mitad o la tercera parte de lo que cuestan en Ecuador, por lo cual una subida adicional del impuesto conducirá a un aumento del contrabando y al fomento de un mercado ilegal para la comercialización del tabaco y el licor, lo cual haría a la medida poco costo eficiente.
Según cifras de Euromonitor Internacional, el mercado de licor ilegal, es decir venta de: alcohol de contrabando, adulterado, no apto para salud humana (metanol), artesanal y evasión fiscal; constituye el 28% del mercado de licor. Esto le cuesta ya al Estado más de 100 millones de dólares anuales. Por lo cual es claro, que antes que subir estos impuestos, lo que debe de hacerse porque es más costo eficiente es impulsar acciones para reducir el tamaño del mercado ilegal: impulsar el sistema de trazabilidad para productos de alto valor fiscal SIMAR; ejercer un mejor control en las fronteras; campañas informativas para reducir el consumo de alcohol adulterado y de producción clandestina, el cual también constituye un problema de salud pública al ser más nocivo para el ser humano; y por último. buscar acuerdos con los países fronterizos en materia tributaria para que las cargas fiscales se equiparen y el contrabando disminuya.
Para el caso de las bebidas azucaradas el proyecto de ley es bastante acertado. Este producto tenía una carga fiscal del 10% sobre su valor que se sustituye con una tasa de 25 ctvs por litro de contenido, una Coca Cola personal por ejemplo tiene 17 cucharadas de azúcar lo que evidentemente es perjudicial para la salud. Es así que el impuesto se hace más eficiente al tratar de reducir la cantidad de ingesta del producto, en lugar de gravar su costo.
En este cuerpo legal se da paso, nuevamente, a un aumento en los impuestos a ciertos bienes que pueden considerarse como nocivos para la salud: cigarillos, alcohol y bebidas azucaradas. Conceptualmente es adecuado gravar en mayor magnitud los productos que puedan generar externalidades negativas, lo que se conoce como impuestos piguevianos. Por ejemplo: en el caso del cigarrillo, este se asocia con enfermedades de índole respiratoria, para los fumadores pero también para los fumadores pasivos.
Adicionalmente, en un país en donde la salud es pública, entiéndase es financiada con impuestos, los hábitos no saludables de terceros le cuestan a todos, por ende es eficiente que exista un impuesto al consumo de cigarillos. Este en parte mitiga su consumo, lo que reduce la probabilidad de que fumadores y fumadores pasivos se enfermen, lo cual a largo plazo le cuesta menos a la sociedad. Pero también por otra parte, grava en mayor magnitud a aquel sujeto que actúa como un polizón en el sentido económico, al considerar que sus malos hábitos de salud le cuestan a terceros sin que este pague por estos en la proporción necesaria, por lo cual es lógico que exista un mecanismo para que tribute en mayor cuantía.
En términos prácticos, el mensaje que el gobierno quiere dar es: ciudadano seria bueno que usted no fume tanto pero si quiere puede fumar, fume todo lo que quiera, pero dado a que aquello provocará que en el futuro usted se enferme y que a todos aquello nos cueste mayores recursos fiscales, porque la salud es publica, entonces lo justo es que su persona contribuya mas al fisco y pague 15 ctvs por cada cigarrillo que consuma. El monto del impuesto es muy similar al de 13 ctvs que ya existía, siendo que en este sentido no genera un menor consumo o una muy grande recaudación a la que ya se tenía.
Como ya se mencionó, conceptualmente los impuestos a estos bienes nocivos para la salud son acertados. Sin embargo, el gobierno parece ignorar que esta política no va acorde al contexto que le rodea, siendo que en Colombia y Perú el costo de las bebidas alcohólicas y los cigarrillos, antes de esta reforma, pueden llegar a la mitad o la tercera parte de lo que cuestan en Ecuador, por lo cual una subida adicional del impuesto conducirá a un aumento del contrabando y al fomento de un mercado ilegal para la comercialización del tabaco y el licor, lo cual haría a la medida poco costo eficiente.
Según cifras de Euromonitor Internacional, el mercado de licor ilegal, es decir venta de: alcohol de contrabando, adulterado, no apto para salud humana (metanol), artesanal y evasión fiscal; constituye el 28% del mercado de licor. Esto le cuesta ya al Estado más de 100 millones de dólares anuales. Por lo cual es claro, que antes que subir estos impuestos, lo que debe de hacerse porque es más costo eficiente es impulsar acciones para reducir el tamaño del mercado ilegal: impulsar el sistema de trazabilidad para productos de alto valor fiscal SIMAR; ejercer un mejor control en las fronteras; campañas informativas para reducir el consumo de alcohol adulterado y de producción clandestina, el cual también constituye un problema de salud pública al ser más nocivo para el ser humano; y por último. buscar acuerdos con los países fronterizos en materia tributaria para que las cargas fiscales se equiparen y el contrabando disminuya.
Para el caso de las bebidas azucaradas el proyecto de ley es bastante acertado. Este producto tenía una carga fiscal del 10% sobre su valor que se sustituye con una tasa de 25 ctvs por litro de contenido, una Coca Cola personal por ejemplo tiene 17 cucharadas de azúcar lo que evidentemente es perjudicial para la salud. Es así que el impuesto se hace más eficiente al tratar de reducir la cantidad de ingesta del producto, en lugar de gravar su costo.
En resumen, conceptualmente es adecuado que existan impuestos a los productos nocivos a la salud, el caso de las bebidas azucaradas es lo más acertado que tiene el actual proyecto de ley, siendo que hay otras cosas positivas también como el impulso al dinero electrónico bajo el incentivo de una rebaja del 2% en el IVA. Sin embargo, dado las condiciones del contexto que rodean a Ecuador nuevas cargas fiscales para los licores no son lo más prudente en el sentido costo eficiente dado a que se ignora el contexto que rodea al país y la posibilidad de que el ya elevado mercado de licor ilegal se incremente. La reforma en este sentido parece tener un fin fiscalista y no un resguardo a la salud de los consumidores, más aún cuando se impone un impuesto diferenciado para la cerveza, 12 dólares por litro de alcohol puro, en contraposición al resto de licores que pagará 7.24 por litro de alcohol puro. La cerveza es la bebida alcohólica de mayor consumo en el país y no hay razón alguna para pensar que un grado de alcohol de esta sea distinta a un grado de alcohol de cualquier otro licor.
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