Resguardar la dolarización

Es indiscutible que la dolarización en Ecuador tiene un alto apoyo popular, pues esta tiene un importante impacto sobre la inflación y logra mantenerla controlada, ya que es menos probable que pueda existir una sobre oferta de moneda dado que la cantidad de circulante obedece en estricto rigor a lo que se produce en el país.

Tener una inflación baja sin duda que es algo deseable pero no es lo único deseable, generar crecimiento económico también es deseable y aquello es más difícil en el esquema de dolarización, sobre todo si no se tienen las condiciones necesarias para ser parte de una Zona Monetaria Optima (ZMO). Este es el caso de la dolarización ecuatoriana, una medida improvisada puesto que Ecuador no tenía a inicios del 2000, ni tiene aún y probablemente nunca tenga, las condiciones necesarias para que la dolarización sea una política adecuada desde el punto de vista teórico que la economía proporciona.  

En 1961 el premio nobel Robert Mundell determino que para ser parte de una ZMO y beneficiarse de usar una moneda común, deben de existir 4 condiciones indispensables: la primera, que exista libre movilidad laboral dentro de la zona monetaria en mención; la segunda, debe existir una amplia flexibilidad de precios especialmente sobre el mercado laboral; la tercera, debe de existir un sistema que permita compartir los riesgos dentro de zona en mención a través de una política fiscal conjunta; por último, los ciclos económicos deben de ser coincidentes.

Como es notorio Ecuador no cumple con las cuatro condiciones antes mencionadas para sacar provecho de usar el dólar como moneda de circulación. De hecho algunas condiciones no dependen ni siquiera de los ecuatorianos, pues no hay forma por la cual Ecuador pudiese obligar a los Estados Unidos. a que sus recursos fiscales le sean compartidos o de que a un campesino ecuatoriano no le pidan visa para trabajar en territorio norteamericano si decide por su propia voluntad migrar.

Ahora, tal como lo relata el libro “Dolarización a Medias” de Bernardo Acosta hay algo que si se puede hacer para dar más oportunidad a que la dolarización ecuatoriana sobreviva y genere crecimiento sin depender del alto precio del petróleo. Esto es flexibilizar el mercado laboral como una medida estructural y decretar una reducción de salarios como medida coyuntural ante un shock externo. Esto tal vez suene extraño, pues van 15 años de dolarización y aparentemente esto nunca fue relevante, pero lo cierto es que fue la excelente coyuntura externa: altos precios del petróleo, remesas de migrantes y debilidad del mismo dólar; lo que permitió que los salarios suban por decreto sin aparentemente afectar la sostenibilidad de la economía.

Que suban los salarios es algo deseable, el punto es que no pueden subir siempre por decreto sino por un aumento de la productividad. Además, la fijación de un aumento salarial no puede ser una política aislada del contexto externo y en esto la política cambiaria juega un rol importante. Para ilustrarlo está el caso de la vecina Colombia, en donde los gobiernos de turno año a año han decretado aumentos salariales, sin embargo, dado por su esquema monetario de tipo de cambio flexible, en contraposición a la dolarización ecuatoriana que es un tipo de cambio fijo, la fluctuante cotización del peso respecto al dólar permitió que los costos laborales en dólares de dicho país no siempre hayan ido al alza (ver gráfico 1 línea azul), lo que lo convirtió en un país más competitivo por tener un esquema de precios más flexibles que se acomoda automáticamente a las circunstancias de su economía.

Como el gráfico 1 señala el salario mínimo o costo mínimo laboral a inicios de la dolarización en Ecuador (línea gris) era bastante inferior al de Colombia (línea tomate), siendo que la tendencia hasta 2003 fue que en Ecuador este crecía mientras que en Colombia tenía una leve disminución. De 2003 a 2012 la tendencia para ambos países es al alza, siendo que el costo laboral para Ecuador sigue siendo inferior. Sin embargo desde el año 2012 al 2015 es notorio que la tendencia para Colombia cambia y en concordancia con la depreciación del peso sus costos laborales en términos de comercio exterior tienden a disminuir mientras que los de Ecuador continúan al alza.

Aunque suene cruel e injusto, si un país acorde a su nivel de productividad y sofisticación tecnológica permite menores costos laborales para producir bienes similares que otro, el país con el costo de mano de obra más bajo será el que obtenga la ventaja exportadora y será el que obtenga mayor crecimiento. En el caso de Ecuador y Colombia, ambos países producen bienes agrícolas (banano, flores, café, etc.) e industria ligera (textiles y cuero, artículos de limpieza, comida procesada, etc.), por lo cual sí Colombia deprecia su moneda y con esto abarata el costo de su mano de obra obtiene una ventaja sobre Ecuador.    

Como es notorio, la dolarización -hoy- sí impone un marco regulatorio que genera dificultades para el crecimiento del país, ya que por primera vez desde que esta se implementó se puede hablar con toda seguridad de que Ecuador tiene salarios o costos laborales sobrevaluados para el nivel de productividad de su economía, siendo que la imposibilidad de devaluar el dólar presiona tendencialmente a la alza el costo laboral.

Es así que si de resguardar la dolarización se trata, es claro que lo que se debería de hacer ante la caída del petróleo y la apreciación del dólar, es reducir coyunturalmente los costos laborales para favorecer a los exportadores y productores nacionales frente a los importadores, pues es claro que la dolarización impone rigidez en los precios y en especial sobre los costos laborales que no se regulan acorde a la coyuntura externa que vive el país. La antítesis al sistema de dolarización es el tipo de cambio es flexible, que ante un shock externo, puede depreciare como ocurre en Perú, Chile o México, por citar algunos ejemplos más de países con tipo de cambio flexible y que han logrado tener una inflación controlada con base a una buena política monetaria, en contraposición a la anulación o tercerización de la misma.