Los rendimientos de la educación
es un tema bastante explorado en economía, la rama del Capital Humano ha sido investigada
con fuerza desde la década de los sesenta, los pioneros de este campo de
investigación son: Schultz (1961), Becker (1983), Mincer (1974). Producto de
sus trabajos en la actualidad existe casi que un consenso a la hora de afirmar
que mayores años de escolaridad conllevan a los individuos a percibir salarios
más elevados, sin embargo un tema más reciente y que genera debate es el
asociado a los beneficios sociales que se derivan de la educación.
Para la generación de política
pública resulta crucial establecer si la educación es un bien privado, del cual
solo se beneficia quien lo ostenta, o es un bien público que beneficia la
sociedad en general, pues en caso de que este sea un bien público se hace
indispensable que el Estado financie la educación y busque una mayor
concentración del Capital Humano como parte de su política.
La ecuación minceriana de
ingresos es una de las herramientas más utilizadas para calcular la tasa de
retorno privada de la educación, en su concepción original esta establece que
los ingresos de los individuos dependen de los años de educación que ostenta el
individuo y los años de experiencia. Posteriores innovaciones buscando una mayor
eficiencia incorporaron otras variables a la ecuación como: el género que por
lo general denota que las mujeres exhiben menores retribuciones, el lugar de
residencia en donde el sector rural percibe menores salarios, condiciones
raciales que evidencian marginaciones sociales, entre otras.
Por su parte calcular la tasa de
retorno social de la educación resulta más complejo, pues este abarca un fenómeno
spillover lo que implica que existe
un beneficio indirecto derivado de la educación adicional a los beneficios
directos de la misma. En el caso de la educación la presencia de externalidades
se produciría dado a que los individuos más educados conviven en un mismo
ambiente de trabajo con trabajadores menos educados, por lo cual estos últimos se
benefician de una mayor presencia de trabajadores calificados a través de
transferencia de conocimientos por medio de una vía informal. Entre los
estudios que buscan medir la rentabilidad social de la educación destacan las
investigaciones de: Lucas (1988), Barro (1991), Rauch (1993), Acemoglu (1996),
Moretti (2002), entre otros.
Como parte de las modificaciones
a la ya descrita ecuación minceriana de ingresos, Rauch (1993) añadió variables
de índole geográficas con el fin de medir los efectos sociales de la educación,
este utilizo el promedio de años de educación de la ciudad en la que habitaba
cada individuo sus resultados denotan que existe un efecto positivo producto
del Capital Humano promedio de las ciudades. Esto implica que existe un
beneficio indirecto sobre los salarios de los individuos atribuibles al nivel
educativo promedio de la ciudad a la cual él sujeto pertenece. Lo anterior
establece que la educación promedio de determinada localidad es un bien
público, ya que no se puede privar de sus externalidades positivas a la
sociedad.
