El 1 de diciembre de 2016, el presidente Rafael Correa, envío por segunda ocasión el proyecto de ley de impuesto a la plusvalía. Con ello, nuevamente se pone sobre el tapete de la discusión política-económica el tema tributario. Lamentablemente, al igual a lo sucedido con el impuesto a la herencia, y cerca de convertirse en una constante cuando se trata de impuestos en Ecuador, el debate carece de rigurosidad técnica sumado a una gran dosis de desinformación por parte de los actores políticos y medios de comunicación.
Sin análisis alguno, los candidatos de oposición (salvo Paco Moncayo) ya han anunciado que de ganar las elecciones abolirían dicho tributo ignorando que los tributos al valor de la tierra tienen una larga historia mundial. Por ejemplo, en 1879 en el libro “Progreso y Miseria”, Henry George, un economista de corte liberal de la ciudad de Nueva York, argumentaba que la tierra debe ser gravada ya que es un bien que pertenece a la humanidad siendo que no es una creación del hombre por lo que el valor que se extraiga de esta es cuestionable. Su argumento era que la plusvalia de la tierra al no ser producto del esfuerzo propio del hombre, en contraposición al valor que se devenga del trabajo, debería de pagar un tributo. En cuanto a los economistas modernos: Marshall, Samuelson, Friedman, Krugman entre otros, estos argumentan que los impuestos sobre la tierra (bienes inmuebles) son eficientes y no distorsionan el andamiaje de la economía, siendo una fuente correcta de financiación para el desarrollo de las urbes.
El impuesto a la plusvalía en Ecuador, se ha anunciado con una tasa marginal del 75%, lo que lleva a una gran manipulación política. Esto, debido a que la gran mayoría de la población no entiende como realmente se debe computar el cálculo del impuesto, planteando así la falsa ilusión de que el impuesto sería confiscatorio y por ende tremendamente injusto.
